
Son demasiadas las ocasiones en que las muertes de estos compañeros se diluyen en un mar de confusión y negligencia propiciada por la corrupción de las fuerzas policiales, la indiferencia de los gobiernos o la incompetencia de los tribunales, que impiden que la justicia lleve a cabo las investigaciones apropiadas. Por otra parte, es vital que los Estados de Derecho tengan presente lo vergonzoso y humillante que resulta que en el 90% de los casos las autoridades no lleven a cabo investigaciones formales sobre la muerte de periodistas, y como los asesinos son llevados ante la justicia en muy escasas ocasiones.
Por su parte, los gobiernos democráticos no podrán seguir por mucho tiempo cerrando los ojos ante esta incipiente realidad. Una realidad de violencia y agresividad hacia los medios de comunicación, favorecida en ocasiones por sus propios mandatarios, a menudo, envueltos en un clima de confrontación y tensión que se extiende al resto de la sociedad y que se hace mucho más evidente en los países en conflicto. Países donde no sólo la vida de los periodistas pierde su valor, sino también el de la verdad y el pluralismo informativo, con demasiada frecuencia convertidos en una quimera condenada a morir como una mera víctima coyuntural.








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